El Gobierno de Donald Trump presentó una demanda federal contra la ciudad de Nueva York por mantener políticas que la identifican como una ciudad santuario, dificultando así la aplicación de las leyes migratorias y las redadas masivas.
La acción legal fue presentada por el Departamento de Justicia ante un tribunal federal en Brooklyn, con un documento de 37 páginas que señala presuntas violaciones a la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
Entre los funcionarios señalados en la demanda se encuentra el alcalde Eric Adams. Aunque recientemente evitó ser procesado por un caso de corrupción, la Casa Blanca lo ha incluido en la demanda, acusándolo de interferir en la ejecución de los programas de deportación impulsados por la administración de Trump.
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Donald Trump demanda a Nueva York
La Casa Blanca acusa a Nueva York de obstruir leyes migratorias
Según la demanda, las políticas migratorias implementadas por Nueva York limitan de forma sistemática la cooperación entre las autoridades locales y los agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), obstaculizando las detenciones y deportaciones de migrantes indocumentados.
El Gobierno de Trump ha retomado con fuerza la agenda de endurecimiento de la política migratoria, apostando por la eliminación de las llamadas “ciudades santuario” para migrantes dentro del territorio estadounidense.
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Restricciones a ICE desde 2014 marcan el conflicto en Nueva York
El enfrentamiento entre el Gobierno federal y la ciudad de Nueva York no es nuevo. En 2014, bajo la administración del entonces alcalde Bill de Blasio, se aprobaron leyes locales que restringían la colaboración entre la policía local y los agentes de inmigración.
Estas normas prohibieron, entre otras cosas, que el Departamento de Prisiones compartiera información directamente con ICE sin una orden judicial.
Desde entonces, Nueva York ha mantenido una política firme de protección a los inmigrantes, incluso frente a las presiones de Washington. Sin embargo, la demanda presentada esta semana podría cambiar ese escenario, ya que el Gobierno de Trump pretende utilizar el sistema judicial federal para obligar a las autoridades locales a revertir esas disposiciones.
Cortesía: FIA México.
