El Congreso Nacional aprobó la Ley de Justicia Energética tras una extensa sesión con 78 votos a favor. La nueva normativa incorpora varias disposiciones relacionadas con las deudas por consumo de electricidad, el costo del servicio y la protección del patrimonio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Más allá de la aprobación del decreto, existen cuatro puntos clave de la Ley de Justicia Energética que tendrán impacto tanto para los consumidores como para las alcaldías con menores recursos.
1. Condonación de deudas para consumidores
Uno de los principales beneficios contempla la condonación de deudas de abonados que consumen menos de 250 kilovatios hora al mes.
La medida busca brindar alivio a los usuarios que se encuentran dentro de ese rango de consumo. La aplicación del beneficio estará sujeta a las condiciones y verificaciones establecidas en la normativa aprobada por el Congreso Nacional.
Además, la legislación mantiene el esquema de subsidios para consumidores con un gasto de hasta 150 kilovatios hora, bajo los criterios contemplados en el decreto.
2. Condonación de deudas para alcaldías
La Ley de Justicia Energética también contempla un beneficio dirigido a las municipalidades con menores recursos.
El decreto establece la condonación de las deudas de las alcaldías clasificadas en las categorías C y D, correspondientes a municipios pequeños y con menor capacidad económica.
Con esta disposición, el Congreso busca reducir la carga financiera que mantienen estas corporaciones municipales por concepto del servicio eléctrico.
3. Sin aumentos al costo de la energía
Otro de los puntos centrales de la nueva normativa establece la prohibición de aumentar el costo del kilovatio hora para los consumidores.
La disposición pretende evitar incrementos en el precio de la electricidad y brindar mayor estabilidad a los usuarios del servicio energético.
El decreto también contempla mantener sin aumentos la tarifa eléctrica durante los próximos seis meses.
4. Blindaje al patrimonio de la ENEE
La normativa incorpora además disposiciones para proteger los activos y el patrimonio de la ENEE y establece que la empresa estatal continuará bajo control del Estado de Honduras.
El decreto señala que el Estado mantendrá la propiedad de la empresa y de sus futuras subsidiarias, descartando la posibilidad de transferir su capital a particulares.
Asimismo, cualquier modificación que pretenda cambiar la naturaleza pública de la ENEE requerirá una mayoría calificada de 96 votos en el Congreso Nacional.
