El Congreso Nacional aprobó la Ley de Justicia Energética luego de una extensa discusión que se prolongó durante la noche. El decreto recibió 78 votos a favor, correspondientes a 49 diputados del Partido Nacional y 29 del Partido Liberal, y establece nuevas medidas para el manejo del sistema eléctrico hondureño.
La sesión comenzó a las 7:45 de la noche y concluyó alrededor de las 11:20 p. m., después de que el pleno discutiera los diferentes aspectos contemplados en las 64 páginas del dictamen.
Ley de Justicia Energética contempla subsidios y condonación de deudas
Entre las principales disposiciones de la Ley de Justicia Energética figura la continuidad de los subsidios para usuarios con consumos de hasta 150 kilovatios hora. La normativa incorpora criterios de zonificación con el propósito de excluir de este beneficio a sectores considerados de alta plusvalía.
El decreto también contempla la condonación de deudas para consumidores que registren un gasto de hasta 250 kilovatios hora, siempre que una verificación técnica confirme el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Además, la legislación establece el compromiso de mantener sin aumentos la tarifa eléctrica durante los próximos seis meses.
Congreso establece cambios para las compras de energía
La nueva normativa también modifica los mecanismos mediante los cuales la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) podrá adquirir potencia. El decreto elimina las contrataciones directas y establece el uso de subastas inversas para estos procesos.
En materia de energías renovables, el Congreso determinó que su regulación se abordará mediante un decreto independiente.
Asimismo, los futuros procesos de licitación pública deberán contar con acompañamiento y veeduría de organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia y rendición de cuentas.
Diputados debaten sobre el futuro de la ENEE
Durante la discusión, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) votó en contra de la iniciativa y cuestionó el procedimiento utilizado para tramitarla. Sus diputados también advirtieron sobre posibles riesgos de privatización relacionados con la reestructuración de la empresa estatal.
La bancada del Partido Liberal rechazó esos señalamientos y sostuvo que la ENEE continuará bajo propiedad estatal. El decreto establece que el Estado mantendrá el 100 % de las acciones de la empresa matriz y sus futuras subsidiarias.
Como mecanismo de protección, cualquier modificación que busque cambiar el carácter público de la ENEE requerirá el respaldo de al menos 96 diputados del Congreso Nacional.
