La Suprema Corte de Estados Unidos avaló la estrategia del presidente Donald Trump que permite a agentes de inmigración realizar lo que críticos describen como “patrullas itinerantes” en el sur de California. El fallo, dividido y con fuerte oposición de los jueces liberales, abre la puerta a que el ICE detenga a individuos basándose en elementos como idioma, apariencia física o lugar donde se encuentren.
La decisión revierte fallos de instancias judiciales inferiores que habían considerado esta práctica como una posible violación a la Cuarta Enmienda, la cual protege contra detenciones arbitrarias.
El origen del caso y el papel del ICE en California
La controversia surgió tras múltiples incidentes en Los Ángeles y condados vecinos, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encapuchados y armados, detuvieron a personas de origen latino (incluidos ciudadanos estadounidenses) para cuestionarlas sobre su estatus migratorio.
En julio pasado, un tribunal de distrito ordenó suspender estas detenciones cuando se sustentaban principalmente en rasgos étnicos, uso del español o presencia en ciertos lugares como paradas de autobús o granjas. El Noveno Circuito de Apelaciones había confirmado la restricción, pero solo aplicaba a siete condados del estado. Ahora, con la decisión de la Suprema Corte, esa limitación queda anulada.
Argumentos a favor de la decisión en California
El juez conservador Brett Kavanaugh, en una opinión concurrente, sostuvo que los agentes pueden evaluar un conjunto de circunstancias que, en su totalidad, constituyen una “sospecha razonable” para detener brevemente a alguien e indagar sobre su estatus legal.
Kavanaugh reconoció en su texto que muchos migrantes buscan en EU escapar de la pobreza y la falta de oportunidades, pero enfatizó que “actúan fuera de la ley al permanecer en el país sin autorización, a menos que el Congreso y el presidente modifiquen la legislación vigente”.
Jueces liberales se oponen a esta medida
La magistrada Sonia Sotomayor redactó una disidencia de 20 páginas en la que acusó a la mayoría conservadora de permitir detenciones basadas en prejuicios. “No deberíamos vivir en un país donde el Gobierno pueda detener a cualquiera que parezca latino, hable español o trabaje en un empleo mal pagado”, escribió.
Las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se sumaron a esta postura, alertando sobre los riesgos de otorgar un poder tan amplio sin garantías claras contra la discriminación. Sotomayor también criticó la falta de explicación formal del tribunal.
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