Un informe reciente sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), ha desatado controversia al señalar que razones políticas y estratégicas influyeron en la decisión de Washington de extender el beneficio a El Salvador y excluir a Honduras.
El análisis, elaborado por la firma independiente NODO y titulado “TPS Honduras: El Costo Humano de una Decisión Política”, sostiene que la Casa Blanca optó por priorizar la cooperación migratoria y la estabilidad bilateral al concederle a El Salvador una prórroga de 18 meses del TPS, mientras que a Honduras y Haití se les dejó fuera.
Estados Unidos cancela el TPS para los hondureños
El documento, firmado por el director de NODO, Héctor Corrales, advierte que la decisión estadounidense ignoró las recomendaciones de sus propias embajadas en Tegucigalpa, San Salvador y Puerto Príncipe.
Estas advertencias diplomáticas subrayaban que cancelar el TPS podría socavar la cooperación regional en temas clave como la lucha contra el narcotráfico y la contención de la migración irregular.
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TPS El Salvador
Según el análisis, el caso de El Salvador fue tratado de forma distinta, debido en parte a su reciente colaboración con Estados Unidos en temas migratorios y a los avances en materia de seguridad pública e infraestructura.
Para algunos analistas, la decisión también responde al interés de la administración Biden de premiar a países aliados en momentos estratégicos.
En cambio, la exclusión de Honduras, confirmada el lunes 7 de julio, ha dejado en incertidumbre a miles de compatriotas que viven legalmente bajo ese estatus en EE. UU. El caso de Haití, que atraviesa una profunda crisis institucional, refuerza la percepción de que el criterio humanitario fue desplazado por consideraciones políticas.
La decisión sigue generando reacciones entre expertos, migrantes y defensores de derechos humanos que denuncian un trato desigual y exigen mayor transparencia en este tipo de determinaciones.
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