El Congreso Nacional aprobó por unanimidad un paquete de reformas orientadas a fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia de género y el feminicidio en Honduras, en medio de un incremento de casos registrados en el país.
Las modificaciones incluyen cambios al Código Penal, la creación de tribunales especializados y nuevos mecanismos de atención y protección inmediata para mujeres en riesgo. El objetivo es reducir la impunidad y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de justicia.
Según lo aprobado, el feminicidio será sancionado con penas de 25 a 30 años de prisión, mientras que en su forma agravada las condenas oscilarán entre 30 y 40 años.
Penas de hasta 60 años por feminicidio en Honduras
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es que, en casos donde exista acumulación de delitos contra la vida en contextos de violencia de género, las penas efectivas podrían alcanzar hasta 60 años de cárcel.
Esta disposición busca reforzar el castigo en los casos más graves y enviar un mensaje de mayor severidad frente a este tipo de crímenes.
Tribunales especializados para casos de violencia contra la mujer
Las reformas también contemplan la creación de circuitos judiciales especializados, integrados por juezas con competencia exclusiva para conocer delitos de feminicidio y otros relacionados con violencia de género.
Estos tribunales tendrán cobertura nacional y estarán enfocados en la investigación y resolución de estos casos. La Corte Suprema de Justicia deberá definir su estructura, sedes y funcionamiento en un plazo de 90 días hábiles mediante reglamento.
Honduras registra 112 muertes violentas de mujeres en 2026
La aprobación de estas medidas ocurre en un contexto crítico. Según el Observatorio Nacional de la Violencia (OV-UNAH), en lo que va de 2026 se registran 112 muertes violentas de mujeres en el país.
Los departamentos de Francisco Morazán y Cortés concentran la mayor cantidad de casos, con municipios como el Distrito Central, San Pedro Sula y Trujillo entre los más afectados. También se reportan altos niveles en Choloma, El Progreso y La Ceiba.
Con estas reformas, el Congreso Nacional busca fortalecer el sistema de justicia y responder con mayor severidad a la violencia contra las mujeres en Honduras.
