El Congreso Nacional aprobó una serie de modificaciones al Código Penal con las que busca endurecer las sanciones contra estructuras criminales vinculadas a la extorsión en Honduras, uno de los delitos que más afecta a comerciantes, transportistas y pequeños emprendedores en el país.
Las reformas fueron respaldadas por unanimidad durante la sesión legislativa de este lunes y abarcan cambios en distintos artículos relacionados con crimen organizado, uso ilegal de uniformes policiales y manejo de información privada.
Extorsión en Honduras tendrá penas más severas
Uno de los principales cambios aprobados corresponde al delito de extorsión. Con la reforma al artículo 373 del Código Penal, quienes obliguen a una persona a entregar dinero o bienes mediante amenazas, intimidación o violencia podrán enfrentar condenas de entre 15 y 20 años de prisión.
Además, el Congreso estableció que, si una víctima fallece como consecuencia de este delito, la pena aplicable será prisión perpetua.
Otro aspecto incorporado en la reforma señala que el delito podrá considerarse consumado aunque el pago exigido por los criminales no llegue a realizarse.
Reformas incluyen castigo para colaboradores de redes criminales
Las nuevas disposiciones también amplían la responsabilidad penal hacia personas que colaboren indirectamente con actividades de extorsión.
Según lo aprobado, podrán ser considerados coautores quienes recolecten dinero, faciliten cuentas bancarias, realicen transacciones electrónicas o reciban bienes obtenidos mediante este delito.
Asimismo, se eliminó la posibilidad de aplicar procedimientos abreviados en casos relacionados con extorsión.
Maras y pandillas podrán ser catalogadas como grupos terroristas
El paquete de reformas también modifica el artículo 587 del Código Penal, incorporando a maras, pandillas y estructuras criminales transnacionales dentro de la figura de asociación terrorista cuando operen mediante violencia sistemática, intimidación o control territorial.
Las penas para cabecillas, financistas y organizadores oscilarán entre 15 y 20 años de cárcel, mientras que otros integrantes podrían recibir condenas de hasta 15 años.
Endurecen sanciones por uso ilegal de uniformes
Otra de las reformas aprobadas castiga el uso no autorizado de uniformes similares a los utilizados por cuerpos policiales y militares.
La normativa establece penas de cuatro a seis años de prisión, aunque la condena podría aumentar hasta diez años si estas prendas son utilizadas para cometer o encubrir delitos.
Las autoridades sostienen que las reformas buscan fortalecer las herramientas legales frente al crecimiento de estructuras criminales en Honduras.
