La declaratoria de culpabilidad contra Katherine Yulibeth Romero por delitos sexuales contra sus hijastros menores de edad en San Pedro Sula, Cortés, se sustentó en una serie de pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el proceso judicial.
El fallo fue emitido por unanimidad por los tres jueces que integran la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, luego de evaluar las evidencias expuestas a lo largo del juicio oral que comenzó el pasado 2 de marzo.
Evaluaciones psicológicas y médicas fueron parte del expediente
Entre los principales elementos presentados por la Fiscalía destacan evaluaciones psicológicas practicadas a los menores de 13 y 8 años, cuyos resultados evidenciaron indicios compatibles con los abusos denunciados.
A estas pruebas se sumaron exámenes médicos y físicos realizados a las víctimas, los cuales fueron incorporados al expediente judicial como parte de los análisis clínicos que respaldaron la acusación presentada por el Ministerio Público.
Los especialistas que participaron en estas evaluaciones presentaron sus conclusiones ante el tribunal, lo que permitió reforzar la línea de investigación en contra de la acusada.
Testimonios de las víctimas y análisis forenses
Durante el juicio también se incluyeron análisis videoforenses, considerados por la Fiscalía como una de las pruebas relevantes para sustentar los cargos.
Asimismo, el tribunal escuchó los testimonios de los menores, quienes declararon a través del mecanismo de cámara Gesell, un procedimiento utilizado en procesos judiciales para proteger a niños y adolescentes víctimas de delitos.
A estas declaraciones se sumaron los testimonios de familiares e investigadores que participaron en las diligencias del caso, quienes aportaron detalles sobre el desarrollo de las investigaciones.
Sentencia se conocerá en las próximas semanas
Otra de las evidencias incorporadas al proceso fueron comunicaciones entre las víctimas y la acusada, las cuales fueron analizadas por el tribunal junto al resto del material probatorio.
Según lo expuesto durante el juicio, el conjunto de pruebas fue considerado suficiente para establecer responsabilidad penal por violación continuada y otras agresiones sexuales calificadas continuadas.
El proceso judicial se originó tras una denuncia presentada por los padres de los menores, lo que llevó a las autoridades a iniciar la investigación y posteriormente presentar cargos contra Romero.
El tribunal anunció que el próximo 26 de marzo se dará a conocer la pena que deberá cumplir la acusada, la cual podría oscilar entre 20 y 30 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en la legislación penal hondureña.
