Más de 45,804 casos de violencia doméstica e intrafamiliar se cuentan en los primeros seis meses de este año, sin que las respuestas lleguen a tiempo. Las autoridades responden hasta que el escándalo les ha rebasado.
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Cuando el equipo editorial de TuNota me pidió escribir sobre estos temas, se encontraba en apogeo el entusiasmo de las organizaciones de mujeres por algunas leyes: la de educación sexual integral para prevención de embarazos en adolescentes, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, la ley de las Casas Refugios, la Píldora del Día Después (PAE) y otras iniciativas consideradas claves para disminuir todas las formas de violencia hacia la mujer. Todas estas propuestas de ley con más de seis u ochos años de estar siendo impulsadas se han estrellado en donde se estrellan las propuestas de cambio para el país: el muro de la política, los políticos y sus aliados en las sombras.
De esas leyes, una acaba de ser botada al cesto de la basura, golpeando así la lucha de los movimientos de mujeres y de progresividad en los derechos humanos. Las otras siguen ahí, guardadas en algún rincón del poder legislativo, que como confite aprobó en marzo de este año otra ley importante para las mujeres como es la Ley para la Protección de las Mujeres en contexto de Crisis Humanitarias, Desastres Naturales y Emergencias. Es el decreto número 9-2023. El ejecutivo, en tanto, ordenó la legalización de las PAE.
La ley para la protección de Mujeres en contexto de Crisis Humanitarias, Desastres Naturales y Emergencias, es solo una extensión de esa epidemia de las otras violencias que azotan a las mujeres, y todas las historias que de ahí se desprenden se ligan con la impunidad que prevalece sobre la violencia de género y contra las mujeres.
Y cuando el ejecutivo trataba de aplacar con irrisorias el veto a la ley de educación integral de prevención de embarazos en adolescentes, otro caso de violencia contra las mujeres sacudía el país: la tragedia de la joven Hazle Michele Cortés, de 19 años, a quien su exnovio le pasó el carro por encima de su cuerpo, al embestirla cuando ella se conducía con un amigo de una prima en una motocicleta rumbo a su casa. Un juez decidió que el agresor con un alto potencial homicida saliera en libertad porque la joven—que lucha por su recuperación en una sala de hospital—no pudo ir a declarar.
Los medios exponen el caso por ser de interés público, para develar la impunidad de la justicia, para recordar que las mujeres no son un número más, son personas; pero también para refutar a los tres poderes del Estado que el discurso de reivindicación a favor de la mujer ya no va más, es hora de actuar. La impunidad les está ganando.
