El Congreso Nacional de Honduras aprobó con 90 votos a favor la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una normativa orientada a estabilizar las finanzas públicas, racionalizar el gasto del Estado y fortalecer el crecimiento económico sostenible en Honduras.
El respaldo mayoritario se logró tras incorporar observaciones planteadas por la bancada del Partido Liberal. También votaron a favor diputados del Partido Nacional, Partido Innovación y Unidad (Pinu) y Democracia Cristiana, mientras que la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) se pronunció en contra.
Ley de Reactivación Económica en Honduras: ¿Qué implica su aprobación?
La nueva legislación establece medidas extraordinarias y temporales enfocadas en ordenar las finanzas públicas. El decreto instruye a las instituciones de la administración pública centralizada y descentralizada a implementar ajustes en ingresos fiscales, reorganización administrativa y racionalización del gasto.
El objetivo central es restablecer el equilibrio presupuestario del Estado, promover el desarrollo humano y fortalecer la institucionalidad gubernamental.
Reorganización del Estado: facultades que obtiene el Poder Ejecutivo
La normativa faculta al Poder Ejecutivo para ejecutar procesos de supresión, fusión o reducción de instituciones públicas, con el fin de construir una estructura estatal «más eficiente y menos costosa».
Estas medidas pueden incluir reducción de personal por razones presupuestarias, garantizando el pago de indemnizaciones conforme a ley. Dichos pagos extinguirán obligaciones judiciales, incluso mediante consignación en caso de que el trabajador se niegue a recibirlos.
Protección laboral: garantías para empleados públicos y personal de primera línea
Durante el debate se incorporaron salvaguardas para proteger a empleados que ingresaron mediante concursos legales en sectores como educación, salud, carrera judicial y otras áreas esenciales.
Asimismo, se garantiza estabilidad laboral al personal de primera línea que trabajó durante la pandemia de COVID-19, reconociendo su labor dentro del sistema público.
Control del gasto público y conciliación de demandas contra el Estado
La ley también regula los embargos derivados de sentencias firmes contra el Estado. Los juzgados deberán notificar a la Tesorería General de la República y a la institución involucrada para ajustar los montos según disponibilidad presupuestaria, evitando afectar servicios públicos esenciales.
Además, la Procuraduría General de la República queda autorizada para realizar conciliaciones judiciales y arbitrajes en litigios nacionales e internacionales. Todo acuerdo deberá contar con respaldo presupuestario de la Secretaría de Finanzas.
